Precios justos para el campo

Con una manifestación pacífica y un cierre parcial de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, agricultores volvieron a colocar en la agenda pública una crisis que, aseguran, ya no admite más demoras. En la caseta de Osiris, los manifestantes denunciaron que los bajos precios, el contrabando de productos agrícolas, la inseguridad, el encarecimiento de los insumos y la lentitud de los trámites hídricos están reduciendo la capacidad de producir y sostener empleos en el medio rural.
La protesta formó parte de una acción coordinada con organizaciones y productores de Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Querétaro. Aunque cada región expuso problemas vinculados con sus cultivos y condiciones particulares, el reclamo convergió en una misma exigencia: políticas públicas capaces de proteger la producción nacional, ordenar los mercados y ofrecer certidumbre a quienes invierten cada ciclo en el campo.
El cierre fue temporal y, posteriormente, los productores levantaron las plumas de la caseta para permitir el libre tránsito. La acción buscó visibilizar las inconformidades sin convertir la manifestación en una afectación permanente para los automovilistas.
“Estamos aquí en nombre del Grupo de Productores de Zacatecas, junto a los de Aguascalientes y en unidad con la Confederación, para manifestar ciertas anomalías en el campo mexicano; nosotros básicamente estamos denunciando el contrabando de ajos; estamos denunciando los bajos precios manipulados en el campo debido a importaciones que no deberían estar pasando”; así lo señaló Sergio Narváez, productor y secretario del Comité Nacional del Ajo, e igualmente explicó que la movilización no respondía a un solo cultivo ni a una inconformidad aislada. El movimiento reunió demandas que afectan tanto a horticultores como a productores de granos y a usuarios agrícolas del agua, en un escenario donde la pérdida de rentabilidad se acumula ciclo tras ciclo.
“Estamos aquí para manifestarnos en contra de los precios bajos del campo, que básicamente se deben a una manipulación en los mercados fomentada por importaciones ilegales, por contrabando de ajos, por malas prácticas de las aduanas, por la extorsión, por la inseguridad, por la falta de infraestructura y por la falta de atención de las autoridades. Tenemos compromisos firmados con CONAGUA desde hace ya casi seis meses y no tenemos un reglamento; siguen mandando prórrogas que solo causan incertidumbre, por ello es buen momento para levantar la voz”.
Precios que no alcanzan para recuperar la inversión. Uno de los puntos más sensibles fue la distancia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor; los manifestantes expusieron casos de jitomate, tomatillo y cebolla vendidos en campo a precios mínimos, mientras en los establecimientos comerciales aparecen con aumentos de varias veces su valor de origen, diferencia que sin duda revela un mercado dominado por intermediarios y sin mecanismos suficientes para equilibrar la cadena.
“Cuando hablamos de precios justos, hablamos de cómo está la crisis en nuestro país, de cómo está la importación de productos ilegales, de cómo está el tema de los insumos, que cada vez son más caros, y del tema de la seguridad, que es de los principales. ¿Cómo es posible que nos compren el jitomate a dos, tres o cuatro pesos?, cebollas incluso a cuarenta o cincuenta centavos el kilo, y los supermercados lo venden a veinte, treinta o cuarenta pesos, por ello estamos en una situación muy difícil, muy arrinconada”; así lo indicó Luis Fernando Flores del Grupo de Productores de Zacatecas.
La caída de los precios ocurre al mismo tiempo que aumentan semillas, fertilizantes, energía, mano de obra, empaque y transporte. En cultivos de alta inversión, un mal ciclo comercial no representa solamente menores utilidades: puede significar descapitalización, endeudamiento y la imposibilidad de volver a sembrar. Los productores advirtieron que la incertidumbre ya está modificando decisiones productivas en distintas regiones.
El ajo concentró buena parte de las denuncias, siendo que Zacatecas ocupa una posición destacada en la producción nacional y comparte esta actividad con entidades como Aguascalientes, Guanajuato y Puebla. Los manifestantes afirmaron que el ingreso de ajo de origen chino, presuntamente declarado mediante fracciones arancelarias distintas, desplaza el producto mexicano y presiona los precios precisamente cuando la cosecha nacional busca colocarse en el mercado.
“El tema de los ajos es muy controversial; implica que participen muchas instituciones. Hemos sido atendidos, pero una cosa es ser atendidos y otra cosa es resolver. Tienen que participar aduanas, la Secretaría de Agricultura y Economía, entre otras. Nos hemos juntado, pero va muy lenta la cosa. El tiempo corre, las siembras no se dejan de hacer, los insumos cada vez son más caros y ya tenemos ajos chinos prácticamente en todo el país. Eso condiciona la producción de otros estados y la de Zacatecas, que es líder nacional en producción de ajo”; manifestó Luis Fernando Flores.
Negaron se trate únicamente de una competencia comercial por precios bajos. A su juicio, el problema central es la posible entrada irregular de mercancía que no debería comercializarse en México bajo esas condiciones. Por ello solicitaron investigación, vigilancia aduanera y decomisos cuando se compruebe el ingreso ilegal.
“Lo peor del caso es que ni siquiera es un tema de dumping; es un tema de contrabando, de un producto ilegal que no debería estar en México. Si está entrando y lo hace con una fracción arancelaria que ni siquiera es la del ajo, quiere decir que alguien está permitiendo ese ingreso. Estamos esperando que las autoridades actúen y empiecen a decomisar; eso es lo que estamos pidiendo”.
La preocupación se extiende a la sanidad y trazabilidad de los alimentos. También se mencionaron importaciones de ganado, camarón, mango y papa. Los agricultores sostuvieron que la apertura comercial no puede operar sin controles equivalentes para los productos nacionales e importados, porque la competencia deja de ser justa cuando existen diferencias en vigilancia, costos o cumplimiento sanitario.
El segundo gran frente de inconformidad fue la falta de certidumbre en concesiones, títulos y procedimientos relacionados con el uso agrícola del agua. Los productores afirmaron que existen compromisos previos, pero que los expedientes avanzan con lentitud y el reglamento esperado continúa sin entregarse. La demora, señalaron, impide planear inversiones y deja en suspenso decisiones básicas del ciclo agrícola.
“El tema con Conagua es muy lento, tedioso y pesado. Se comprometieron a entregar un reglamento desde enero, cosa que no hemos visto, y nos preocupa mucho. Nadie puede programar sus siembras ni avanzar en sus programas porque hay mucha incertidumbre. No es nada más decir: estoy preocupado. Es preguntarse si voy a poder sembrar, si voy a comprar la semilla y el fertilizante, si me aviento el tiro o si van a venir a inhabilitar un pozo. Esa es la cuestión”.
De acuerdo con lo expuesto durante la manifestación, solo una parte de los expedientes habría recibido avance. Esta situación se vuelve especialmente delicada en zonas donde la agricultura depende del riego y donde cada retraso administrativo puede alterar fechas de siembra, contratación de personal y compromisos financieros.
Menos superficie y productores que dejan de sembrar. Esta crisis ya tiene consecuencias visibles; por ejemplo, en Aguascalientes, los productores reportaron una reducción importante de la superficie sembrada de ajo, y en Zacatecas, señalaron que algunos agricultores han dejado de cultivar frijol o maíz tras enfrentar sobreproducción, bajos precios y mercados inciertos. Cambiar de actividad, advirtieron, no es una salida sencilla cuando existen años de experiencia, maquinaria, infraestructura y empaques especializados.
“En Aguascalientes, para empezar, la superficie de ajo se redujo ya en un treinta y cinco por ciento. Es un producto bastante caro de cultivar, con un costo de producción cercano a los 400 mil pesos por hectárea. Con el campo tan descapitalizado, no hay mucha gente que arriesgue su dinero, menos en estas condiciones. Antes teníamos la certeza de que íbamos a gastar mucho, pero lo podríamos recuperar en las ventas; esa certidumbre se ha ido”.
Los agricultores subrayaron además que la diversidad productiva es indispensable. Un agricultor no permanece necesariamente en un solo cultivo: rota ajo, jitomate, alfalfa, avena u otros productos según el suelo, la disponibilidad de agua y el mercado. Por eso, una crisis aparentemente concentrada en una mercancía termina afectando a unidades productivas completas y a trabajadores de diferentes cadenas.
Presupuesto y políticas para recuperar al campo. El pliego petitorio plantea reforzar los recursos destinados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Nacional del Agua. La demanda no se limita a ampliar partidas: los productores piden capacidad operativa para resolver trámites, vigilar importaciones, ordenar mercados y responder a problemas acumulados que hoy rebasan a las dependencias.
A juicio de los manifestantes, defender la soberanía alimentaria exige coherencia. Consideraron insuficiente proteger ciertos productos o semillas nacionales mientras se permite el ingreso de mercancías producidas bajo condiciones diferentes o presuntamente introducidas de manera irregular. La política agropecuaria, dijeron, debe partir de la realidad económica del productor y no únicamente del discurso institucional.
En ese sentido, el mensaje a las autoridades fue directo: si los compromisos continúan posponiéndose y no aparecen acciones verificables, los agricultores conservan la capacidad de reactivar protestas de mayor alcance, como ocurrió anteriormente en torno al tema del agua.
“Es una muestra de que estamos organizados, unidos y podemos activar otra vez las movilizaciones como se hicieron por el tema del agua. Esta convocatoria se hizo al vapor y a pesar de ello hoy se están movilizando en todos los estados, por lo que necesitamos empezar a ver acciones claras”; expresó Karina López del Grupo de Productores de Zacatecas.
Entre consignas de “precios justos para el campo” y llamados a la unidad, se desarrolló tal manifestación que exhibe el malestar de un sector indispensable para el país. El reclamo combina urgencias inmediatas —detener el contrabando, dar salida a los expedientes y evitar el desplome de precios— con una discusión de fondo: qué lugar ocupará la producción nacional dentro de las prioridades presupuestales, comerciales y alimentarias de México.
Para los productores, el tiempo institucional corre mucho más lento que el ciclo agrícola. La semilla, el agua, los insumos y la cosecha no pueden esperar indefinidamente; se requieren soluciones concretas en torno a la defensa del campo mexicano.
El campo alza la voz contra los precios bajos y el abandono institucional.
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